por Alfredo García
Mientras crece entre cubanos de ambas orillas el deseo sobre reformas migratorias en EU y Cuba que faciliten los contactos familiares, la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID, por su sigla en inglés) echa leña al fuego de las tensiones políticas.
En efecto, un reciente anuncio de la agencia norteamericana, informó que dispone de 12 millones de dólares en fondos para fomentar la “democracia digital” en Cuba, “incrementando y expandiendo el uso de nuevas tecnologías” así como prestar “asistencia “humanitaria” a “disidentes víctimas de la represión” en la isla.
A esos efectos, la USAID convocó a organizaciones, compañías e instituciones de educación superior hasta el próximo 27 de julio. Los solicitantes deberán explicar cómo seleccionarán y priorizarán a beneficiarios, además de describir los tipos de suministros que planean hacer. Las entidades que califiquen para el proyecto injerencista recibirán recursos económicos a través de la Oficina Latinoamericana y el Caribe de la USAID.
El anuncio echó un jarro de agua fría a las gestiones que se realizan sobre Alan Gross, un especialista norteamericano en comunicaciones, sentenciado en Cuba en marzo de 2011 a 15 años de prisión, confeso de “actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado”.
Gross fue arrestado en diciembre de 2009 cuando trabajaba como “contratista” para la USAID en “un programa subversivo del gobierno de EU para desestabilizar la revolución, mediante el uso de sistemas de comunicaciones fuera del control de las autoridades”. La causa de Gross fue apelada ante el Tribunal Supremo de Cuba, el cual reafirmó la sentencia en agosto de 2011.
Sin embargo, el revés de la USAID se convirtió en excepcional oportunidad para superar un tranque jurídico entre EU y Cuba por la detención y largas sentencias contra cinco cubanos residentes en la Florida hace más de una década, acusados de infiltrarse en organizaciones contrarrevolucionarias, con el fin de alertar sobre acciones terroristas contra el Estado cubano.
Los cinco cubanos encausados en juicios repletos de irregularidades jurídicas fueron sentenciados a desproporcionadas condenas y guardan prisión desde hace casi 14 años en cárceles norteamericanas.
Muchos expertos en el tema consideraron entonces que la búsqueda de una solución humanitaria para la liberación de los cinco cubanos y Gross, no sólo pondría a prueba la buena voluntad de ambos gobiernos sino que podría ponderar los programas federales que intervienen en los asuntos internos de Cuba.
Desde la sentencia de Gross, el gobierno cubano mostró disposición a dialogar con autoridades de EU para buscar una solución humanitaria sobre bases recíprocas. A pesar del esfuerzo en ambas direcciones, la influencia del año electoral en EU impidió que las gestiones avanzaran. No obstante sigue latente la esperanza de que un segundo mandato del presidente Obama, facilite una justa solución al conflicto.
Con su prepotente anuncio, la USAID confirma la política injerencista de Washington contra Cuba, al mismo tiempo que se distancia de sus obligaciones con Gross, advirtiendo a sus potenciales usuarios que “dada la naturaleza del régimen cubano, las operaciones y sensibilidad política del programa de la USAID (…), no se hace responsable de cualquier lesión o inconveniente sufridos por personas que viajan o que operan en el país bajo su financiamiento».
Fuente: DISCREPANDO
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