Epifanio Cortés Cedillo (XINHUA)
La coalición de izquierda en México busca la invalidación de los recientes comicios presidenciales ante el Tribunal Electoral, que tiene hasta el 6 de septiembre próximo para calificar este proceso y cuyo fallo es inapelable, definitivo.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) comenzó el domingo pasado a recibir impugnaciones de todos los partidos políticos que participaron en las elecciones generales del 1 de julio, la mayoría de ellas en contra de la presidencial.
Según el secretario general de acuerdos del TEPJF, Marco Antonio Zavala, se esperan al menos 355 impugnaciones contra la presidencial, correspondientes a 299 de los 300 distritos electorales en que se divide México, la mayoría promovidos por la izquierda.
El Movimiento Progresista, que postuló al ex alcalde de Ciudad de México a la presidencia de este país latinoamericano, Andrés Manuel López Obrador, recurre así a la última estrategia legal contra los resultados de los comicios, que dieron la victoria al -también- opositor del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Peña Nieto.
Antes, López Obrador y los partidos De la Revolución Democrática (PRD), Del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, que integran la coalición, demandaron ante el Instituto Federal Electoral (IFE), árbitro y organizador de los comicios, el recuento voto por voto de las más de 143.000 casillas, luego de que el primer cómputo oficial difundido la noche del 1 de julio ponía a Peña Nieto al frente de la votación, y tras él, el ex alcalde.
Con el recuento, el IFE difundió que Peña Nieto obtuvo 38,21 por ciento de los más de 50 millones de votos para presidente; López Obrador, 31,59, y la abanderada del gobernante Partido Acción Nacional (PAN), Josefina Vázquez Mota, con 25,41.
En votos, Peña Nieto consiguió unos 19,2 millones, alrededor de 3,3 millones más que López Obrador, quien denunció que la campaña electoral fue inequitativa en los medios de comunicación a favor del priista, principalmente de las televisoras privadas; y con financiamiento «ilegal» arriba del tope de gastos de campaña autorizado por el IFE.
Pero, sobre todo, el ex candidato de la izquierda acusó al PRI de realizar una operación masiva de compra de votos a escala nacional a favor de Peña Nieto e involucró en ello a los gobernadores priistas, 20 en este país, que tiene 32 entidades.
El TEPJF cuenta con ocho semanas para dictar su veredicto sobre los recursos promovidos por la izquierda, que pide invalidar las elecciones.
Los magistrados electorales, que desde la formación del Tribunal no han invalidado alguna presidencial, mantienen a todo el país en espera de su veredicto, que en un sentido sería dar por válido el triunfo de Peña Nieto o, en un hecho inédito, anular el proceso por las supuestas irregularidades que denuncian la izquierda y López Obrador.
En México existe el antecedente de que el TEPJF invalidó por irregularidades las elecciones para gobernador en Tabasco en 2000; en Colima (2003), y para la alcaldía de Morelia, capital del estado de Michoacán.
En México no existe la segunda vuelta electoral, por tanto el candidato presidencial que obtiene el número más alto de votos gana las elecciones.
El Tribunal Electoral es el órgano que declara al «presidente electo en México» al calificar la elección, y éste asume el poder ante el Congreso el 1 de diciembre del año en que se celebraron los comicios.
Sin embargo, desde el mismo 1 de julio, autoridades electorales e incluso el presidente Felipe Calderón felicitaron a Peña Nieto, cuando el conteo de votos aún estaba en curso. Sólo la izquierda y López Obrador no han admitido los resultados.
Además, varios jefes de Estado también enviaron felicitaciones al priista e incluso hubo quien lo llamó «presidente electo», como el francés Francois Hollande.
Otros gobiernos como los de Estados Unidos, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Alemania, España y Reino Unido también ya han enviado sus felicitaciones al abanderado del PRI.
En una entrevista con el diario mexicano «La Jornada», publicada el viernes pasado, Peña Nieto aseguró que su triunfo es «legítimo».
«Legal y legítimo. La legitimidad no la da la oposición ni las expresiones de quienes perdieron y respiran por la herida», declaró Peña Nieto, cuyo partido gobernó México durante 71 años hasta 2000, y desde entonces se ha mantenido como la principal oposición a las dos administraciones conservadoras del Partido Acción Nacional.
López Obrador, por suparte, no quiso prejuzgar la actuación del Tribunal Electoral en una entrevista que concedió el pasado viernes a una radiodifusora de Tabasco (sureste), su estado natal.
«Ha habido mucha imprudencia, pero no quiero polemizar sobre ese tema. Vamos a esperar a que actúe. Apenas comienza este proceso, que tiene como plazo el 6 de septiembre. Esto apenas comienza», dijo el ex alcalde de Ciudad de México.
La complejidad de los argumentos y la extensión de las pruebas presentadas hacen presumir que los magistrados trabajarán en una carrera contrarreloj de ocho semanas. En un corto plazo el Tribunal deberá cuantificar la compra y coacción de voto y luego si pudo influir en el resultado, explicó el analista político Ciro Murayama.
El investigador de la Universidad Autónoma Nacional de México dijo en entrevistas con medios de comunicación que los alegatos de que el PRI superó el tope de gastos de campaña, de unos 30 millones de dólares, no podrán investigarse de momento, pues la ley establece que los partidos tienen hasta octubre para entregar sus cuentas.
Por otro lado, Peña Nieto dijo a «La Jornada» que la prioridad en los próximos meses será el logro de acuerdos para impulsar las reformas que propuso durante su campaña.
«Todos los partidos serán corresponsables, porque ninguno tiene mayoría. Eso me llevará a buscar acuerdos con las otras fuerzas políticas, de las que espero una nueva actitud», expuso el priista a pesar de que el Tribunal Electoral aún no le da el triunfo.
Peña Nieto, cuya investidura está prevista para el próximo 1 de diciembre, anunció que empezará a trabajar con la próxima Legislatura del Congreso -que asumirá el 1 de septiembre- las cinco reformas que considera clave, entre ellas una energética para permitir la inyección de capital privado en la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).
Cayo Hueso 
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