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Archive for 24/07/12

Estudios Siboney, de la EGREM, en Santiago

Pedro de la Hoz
pedro.hg@granma.cip.cu

Aunque toda realización discográfica en un esquema empresarial tenga que orientarse por las reglas del mercado, los directivos de los Estudios Siboney, de Santiago de Cuba, cobran conciencia de que una de sus misiones transita por la capacidad de producir obras que rescaten y promuevan el rico patrimonio sonoro de la región oriental.


Núcleo fundacional de la orquesta de Chepín Chovén, a mediados de los años treinta.

Es por ello que en lo que resta del año, esta entidad de la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM) sitúe entre sus prioridades la producción de álbumes dedicados a la legendaria orquesta Chepín Chovén y a la banda Los Karachi.

Entre la cuarta y la sexta décadas del siglo pasado, la primera de esas agrupaciones marcó un hito en la tradición danzonera y ese legado es el que tratan de preservar los actuales integrantes de la orquesta, empeñados en reconstruir el estilo definido por sus fundadores, el violinista Electo Rossell y el pianista Bernardo Chovén.

Ambos transitaron de la charanga típica a la incorporación de elementos de las bandas de jazz en los danzones, que se hicieron famosos en sus interpretaciones, como los casos de Bodas de oro, La Reina Isabel, Diamante negro, Violín encantado y Canta el contrabajo, aunque también brillaron en otros géneros criollos. Prueba al canto, El platanal de Bartolo, con la voz de Ibrahim Ferrer.

Por su parte, Los Karachi tuvieron su momento de mayor gloria hacia finales de los años setenta de la pasada centuria con un repertorio sonero que alternaban con el gusto por el merengue dominicano y las influencias de otros ritmos de la cuenca caribeña.

Muchos jóvenes santiagueros de la época, imantados por la constancia rítmica del conjunto y el sonido de su línea frontal de trombones, se iniciaron en el baile con Los Karachi, en la cresta de la ola junto a la revelación de entonces, el Son 14 de Adalberto Álvarez y todavía hoy continúa generando un apreciable poder de convocatoria.

En su repertorio sobresalen Quisiera volver a nacer en Santiago de Cuba, de Pablo Moya; A pesar de la distancia; de Bárbaro Pérez Aponte; Si al regreso, de Leonardo Mariol Casamayor; y Cuarenta grados de temperatura, de Dagoberto Planos Despaigne.

El trabajo con la música patrimonial de los Estudios Siboney no se ha limitado al catálogo de la EGREM, sino también han logrado valiosas colaboraciones con Bis Music, sello que ganó uno de los Premios Especiales Cubadisco 2012 con la producción La Caridad del Cobre, Virgen de la esperanza, que implicó, según apuntó Gonzalo González, promotor de los Estudios, “un esfuerzo extraordinario por rastrear y registrar esa presencia mítica de la cultura popular en el repertorio musical del siglo XX”.

Ese resultado animó al productor José Manuel García a emprender un nuevo proyecto, también de carácter patrimonial, que se concretará en los próximos meses: la música y las imágenes emblemáticas del Carnaval santiaguero.

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O. Fonticoba Gener y José A. de la Osa

fotos: estudios revolución, jorge Luis gonzález y juvenal balán

jorge Luis gonzález y juvenal balánComo una buena jornada calificó el General de Ejército Raúl Castro Ruz el desarrollo del Noveno Periodo Ordinario de Sesiones de la Séptima Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), al tiempo que extendió una felicitación por el aniversario 59 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Durante la sesión de ayer y los días previos al encuentro, el consenso general que rigió el trabajo de los diputados se centró en el desempeño favorable de los indicadores de la economía nacional a partir de la implementación de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido.

Se trata, como resumió el General de Ejército en la clausura del evento, de proyectar con racionalidad y profundidad las principales líneas del desarrollo sostenible de la economía, los recursos e infraestructura que se requerirán para ello.

En ese sentido destacan los avances en cuanto a la concepción de la planificación en este sector, cuya perspectiva se prevé proyectar a largo plazo, y no solo en periodos quinquenales o anuales.

El vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo Jorge, realizó una amplia intervención sobre el estado de la instrumentación de los Lineamientos.

En las sesiones del Parlamento, los diputados conocieron acerca del crecimiento económico del país en el primer semestre, ascendente a un 2,1 %.

Según informó el titular del Ministerio de Economía y Planificación, Adel Yzquierdo, aunque no se cumplieron las expectativas trazadas para este periodo, el Producto Interno Bruto experimentó un crecimiento en todas las actividades, excepto en la Educación, sector que mejoró su labor con menores gastos.

En lo que ha transcurrido de semestre, Yzquierdo señaló que en la esfera productiva ya se palpa un crecimiento del 4 %; y en cuanto a las finanzas externas, acotó que se dio cumplimiento al pago de las deudas bancarias que fueron renegociadas y de los vencimientos del periodo, con lo cual el país recupera su credibilidad en el ámbito comercial internacional.

Asimismo, el funcionario subrayó el sobrecumplimiento en los programas de refinación de petróleo y electricidad en el 17 y el 1, 6 %, respectivamente; y el 1,1 % en el de portadores energéticos.

Aspecto loable resultó la obtención, en el pasado año, del déficit fiscal más bajo desde la década del noventa, según precisó Osvaldo Martínez Martínez, presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, al leer el dictamen referido a la Liquidación del Presupuesto en ese lapso, presentado por el Ministerio de Finanzas y Precios.

CAMBIOS EN LA ASAMBLEA DEL PODER POPULAR

Durante las sesiones del Parlamento se eligió como nueva vicepresidenta del órgano, por voto secreto y mayoritario, a la diputada Ana María Mari Machado, luego de aceptar la solicitud de Jaime Crombet para la liberación de su cargo, por razones de salud.

Mari Machado, también vicepresidenta del Tribunal Supremo Popular, ha tenido una destacada labor en el sistema de tribunales, donde resultó cuadro destacado.

“A Jaime le pedimos que se cuide para que supere estos momentos difíciles, para que en el futuro sigamos librando juntos nuevas batallas”, expresó Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional, a nombre de los diputados, y destacó, además, el espíritu de sacrificio de Crombet, su entrega, patriotismo y firme adhesión a los principios revolucionarios.

Asimismo, al inicio de las sesiones el presidente del Parlamento se refirió a la reciente toma de posesión de sus cargos de nuevos diputados, y lamentó la pérdida de dos integrantes del legislativo: Sara Esther Pereira, de Guanabacoa, y de Héctor Rodríguez, por quienes se guardó un minuto de silencio.

APRUEBAN NUEVO PROYECTO DE LEY TRIBUTARIA

Las regulaciones, aprobadas por unanimidad, prevén un estímulo superior en áreas medulares para el progreso de la economía nacional, como la agrícola, la construcción de viviendas, el desarrollo local y la protección del medioambiente, al tiempo que permitirá un fomento de la disciplina y cultura fiscales.


El Parlamento eligió como nueva vicepresidenta del órgano a la diputada Ana María Mari Machado.

La propuesta —que da cumplimiento al principio de redistribución de los ingresos de los sectores con mayor captación económica a los de menor solvencia— sustituirá la Ley No. 73 “Del Sistema Tributario” (de 1994), de modo que la política impositiva del Archipiélago cumpla más eficientemente su papel regulador.

Según enunció la ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, para la elaboración del documento fueron evaluados los resultados de la aplicación de la Ley No. 73, así como la experiencia de más de una veintena de países en materia tributaria, ajustándolos al contexto actual de la nación y a las proyecciones de su economía.

El Proyecto de Ley Tributaria incorpora al sistema impositivo cubano siete nuevas figuras a las once antes previstas: los impuestos por la ociosidad de las tierras agrícolas y forestales, por el uso y explotación de las playas, por el vertimiento aprobado de residuales en cuencas hidrográficas, por el uso y explotación de bahías, por el derecho de uso de las aguas terrestres, por la utilización y explotación de los recursos forestales y la fauna silvestre, y el impuesto aduanero.

Asimismo, se añade una nueva contribución a las destinadas a la seguridad social: la contribución territorial para el desarrollo local; y se ratifica la permanencia de las tasas por peaje, servicio de aeropuertos y por la radicación de anuncios y propaganda comercial.

Las nuevas directrices serán aplicadas gradualmente mediante la ley del presupuesto del año en que se disponga su efecto.

RECONOCEN LABOR DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

La dirección de la Asamblea Nacional del Poder Popular solicitó que la rendición de cuentas del Ministerio de Salud Pública ante el Parlamento se centrara en dos temas estrechamente vinculados: el cumplimiento de las transformaciones necesarias emprendidas por el Sistema Nacional de Salud y la posterior implementación de los Lineamientos aprobados en el Sexto Congreso del Partido.

Las transformaciones realizadas en ese sector, que fueron precedidas y acompañadas de un proceso de información a la ciudadanía y a los trabajadores, estuvieron dirigidas a continuar elevando el estado de salud de la población, incrementar la calidad y satisfacción de los servicios que se le brindan y hacer eficiente y sostenible el sistema.

Hubo numerosas intervenciones sobre la rendición de cuentas del MINSAP.

En el informe del MINSAP al Parlamento, el ministro Roberto Morales Ojeda indicó que al inicio de este proceso existían 5 937 consultorios con médicos y enfermeras de la familia, los que atendían 2 000 pacientes como promedio; los restantes eran atendidos por personal de enfermería y otros estaban cerrados.

En la identificación de los “consultorios necesarios” se definieron 11 492, de los cuales funcionan en estos momentos el 99,6 %, que atienden como promedio mil habitantes. Se mantienen aún 1 286 consultorios médicos que comparten locales, para los que se buscan las soluciones requeridas.

Asimismo, se implementó una actualización del Programa del Médico y la Enfermera de la Familia sobre la base de los conceptos fundacionales de este programa para brindar una atención integral mediante consultas, interconsultas, labor de terreno e ingreso en el hogar.

Esto ha permitido que un mayor número de pacientes encuentren solución a sus problemas de salud en los propios consultorios, a partir de la permanencia del médico y la enfermera de la familia, del mejoramiento de las condiciones estructurales y los aseguramientos. Sin embargo, precisó el ministro, no en todos los consultorios los resultados se comportan de igual manera, por lo que existen acciones dirigidas a su solución.

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Este lunes regresó a La Habana el equipo cubano de béisbol, tras lograr el triunfo en el torneo de Harlem, Holanda, y con la mira puesta en los próximos topes internacionales.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional José Martí, el antesalista de la escuadra antillana Yuliesky Gourriel destacó la satisfacción por el triunfo en tierras holandesas, así como también por haber logrado la condición de jugador más valioso del certamen.

Gourriel bateó para un average de 318, porcentaje de embasado de 500, empujó siete carreras y anotó otras cinco para erigirse en uno de los pilares del éxito cubano en Haarlem. Precisó que cuando se asume el entrenamiento con tenacidad y deseos se alcanzan dividendos positivos, pero el equipo debe continuar la preparación para limar dificultades rumbo a certámenes más exigentes como el III Clásico Mundial, en marzo de 2013.

El veterano Frederich Cepeda otro de los sobresalientes con siete remolques, dos jonrones, dos dobles y slugging de 625- también refirió alegría por lograr el principal objetivo de la selección cubana: conquistar el máximo galardón en el torneo holandés.

Para el III Clásico Mundial de Béisbol, en el 2013, es importante prepararnos con más tiempo, y sobre todo potenciar los topes internacionales para enfrentarnos a lanzadores de oficio y recursos diferentes a los que vemos diariamente en la Serie Nacional, señaló.

El lanzador Norberto González tuvo palabras de elogio para esta nueva versión del equipo Cuba con el manager Víctor Mesa al frente-, selección que tiene potencial para desempeñar un buen papel en la magna cita del béisbol a escala global.

Con disciplina y rigurosidad en los entrenamientos se puede ganar, como demostramos en Haarlem, significó el pitcher, responsable de la victoria en la final ante el cuadro de Puerto Rico con formidable relevo de cinco entradas en las que apenas permitió un indiscutible.

El veterano zurdo se confirmó además como uno de los principales relevistas de la escuadra nacional, pues en 10 innings y dos tercios de labor en el certamen, los rivales le conectaron para un magro average de 143 y retiró a 11 por la vía del ponche, con solo dos boletos.

La participación de Cuba en la Semana Beisbolera de Haarlem constituyó un paso importante en la preparación rumbo al III Clásico Mundial, y el primer lugar significó sin dudas un espaldarazo a la gestión del mentor Víctor Mesa al frente de la nave antillana.

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Cuba puso a disposición de los Estados partes de la Convención sobre Prohibición de Armas Biológicas su asistencia y cooperación en materia de bioseguridad y en la implementación de las disposiciones de ese tratado.
Al intervenir aquí en una reunión de expertos, el representante cubano, Juan Antonio Quintanilla, declaró que la mayor de las Antillas organiza cada año cursos y talleres sobre distintas cuestiones relacionadas con esa temática.

La nación caribeña considerará las solicitudes de los Estados interesados para el envío de especialistas que brinden asesoría en materia de bioseguridad y control de agentes biológicos o ayuden a la preparación del personal.

Varios países ya se han beneficiado de esta asistencia y hasta el momento los resultados han sido favorables, expresó Quintanilla.

El representante cubano informó que las autoridades de su país preparan actualmente la organización de un seminario, que podría tener carácter regional, sobre la aplicación de la Convención sobre Armas Biológicas.

El tratado, que entró en vigor en 1975, ha sido ratificado por 163 Estados y prohíbe el desarrollo, producción y almacenamiento de esos arsenales de exterminio masivo.

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Los diputados cubanos aprobaron este lunes una nueva ley tributaria que congtiene 25 tipos de impuestos, como parte de las reformas para actualizar el actual modelo económico social de Cuba.

La decisión fue adoptada durante la sesión plenaria del parlamento, reunido en el Palacio de Convenciones de La Habana, la cual fue clausurada por el presidente Rañul Castro.

La ministra de Finanzas y Precios, Lina Pedraza, explicó que la nueva norma sustituye una aprobada en 1994 y dijo que su aprobación “responde a la necesidad (…) de potenciar la eficiencia y la productividad”.

La nueva ley tributaria es “flexible y de aplicación gradual” y en su preparación “se estudiaron los resultados de la anterior” y los “sistemas tributarios de más de 20 países”, añadió la ministra

Destacó que la nueva norma incluye 25 tributos -siete más que la anterior-, entre ellos sobre “ingresos personales, utilidades, ventas, propiedad de viviendas, utilización de fuerza de trabajo, transporte terrestre y propiedad o posesión de tierras agrícolas”.

Pedraza precisó que los impuestos “vinculados con los ingresos personales y las viviendas no se aplicarán hasta que existan en Cuba condiciones para ello” y quedan exentas de tributos “las remesas de ayuda familiar” que miles de cubanos reciben desde el exterior.

Pedraza destacó que la nueva ley de impuestos, que fue examinada por los diputados el fin de semana en debates previos a la sesión del legislativo, incluirá “estímulos para los cumplidores y sanciones para quienes violen la contribución” al fisco.

El Parlamento cubano, de 600 miembros, sesiona sólo dos veces al año, en julio y en diciembre.

(Tomado de Radio Habana Cuba)

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Cuba denunció en Ginebra el no cumplimiento de Estados Unidos de las recomendaciones del Órgano de Solución de Diferencias (OSD) sobre la Ley Ómnibus de Asignaciones Presupuestarias, a más de una década de adoptada la decisión.

Al intervenir ante el OSD de la Organización Mundial del Comercio, Nancy Madrigal, encargada de negocios a.i. de la misión de la Isla en la ciudad suiza, señaló que la medida, tomada en 2002, versa en la obligación de Washigton de poner en conformidad la Sección 211, con las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio.

Es inadmisible que mensualmente el representante de los Estados Unidos asegure que las propuestas legislativas presentadas en el Congreso demuestran su compromiso con el sistema de solución de diferencias, manifestó Madrigal.

Agregó que dichas propuestas en la práctica son “decorativas”, pues nada se ha hecho con ellas durante 10 años y ni una sola ha sido debatida en las instancias presentadas,  afirma una nota del sitio digital cubaminrex.

Como hemos referido en ocasiones anteriores -declaró-, no sólo permanece vigente la Sección 211, sino que a partir de su puesta en vigor se ha arrebatado a la empresa cubana Cubaexport el derecho a renovar la marca Havana Club y mantener la titularidad que logró desde 1976.

Las violaciones en este caso adquieren tal magnitud que se vulnera incluso la propia legislación estadounidense, señaló.

La normativa legal de ese país, explicó la funcionaria, otorga una importancia particular al abandono de las marcas por sus titulares originales, dando la posibilidad de que terceros puedan registrarlas con posterioridad si no ha sido usada durante dos años o si no existen intenciones de hacerlo, tal y como fue el caso de la marca Havana Club.

Sin embargo, la Sección 211, de manera irresponsable, suplanta esta ley para imposibilitar que los tribunales norteamericanos tomen en consideración los derechos sobre marcas confiscadas en Cuba, independientemente de que hayan sido abandonadas o no, subrayó.

Añadió que Cuba no cejará en la denuncia de la violación a nuestros derechos de propiedad intelectual por las autoridades estadounidenses para facilitar a la compañía Bacardí la venta fraudulenta e ilegal de productos que no se producen en la Isla bajo la marca Havana Club, que notoriamente identifica un origen cubano.

Es claro que esa normativa ilegal atenta contra los legítimos derechos de titulares de marcas cubanas, concluyó Madrigal.

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Paraguay ManiMiembros de Paraguay Resiste realizan un acto de repudio en inmediaciones del Palacio de Gobierno, para cantarle -según expresaron- cumpleaños “infeliz” al presidente Federico Franco, quien este lunes cumple 50 años. A gritos de “golpista” y “fuera Franco”, piden que se restablezca el orden democrático en Paraguay, report el diario paraguayo  ULTIMAS NOTICIAS.

Los integrantes del grupo llegaron a la zona del Palacio de López, donde Franco realiza oficina, para realizar la manifestación, lo que motivó un fuerte despliegue de seguridad en el área.

Previamente se congregaron frente al Panteón de los Héroes para hacer sentir su repudio al actual gobierno y a gritos de “fuera Franco golpista”, le cantaron y desearon un cumpleaños “infeliz”.

Así también, los mismos señalaron en el lugar que le quieren enviar algunos “regalos” al presidente Franco, entre ellos, una torta y floreros (en alusión al apelativo con que se conoce al actual jefe de Estado desde que era vicepresidente).

El presidente de la República, Federico Franco, festeja este lunes su cumpleaños número 50, en medio de una crisis política luego de la destitución en menos de 24 horas de Fernando Lugo, tras la vía del juicio político establecido por el Parlamento Nacional.

Varios grupos sociales y sectores políticos se encuentran en desacuerdo con la asunción de Federico Franco a la presidencia y el proceso del juicio político, indicando que el hecho constituye una ruptura del proceso democrático en el Paraguay.

Esta y otras manifestaciones se vienen realizando regularmente, apoyados por el movimiento Paraguay Resiste, liderado por el mismo Lugo.

Este domingo también recordaron el primer mes de la destitución del exobispo de San Pedro, por medio de un “Festival por la democracia”, realizado frente a la sede de la TV Pública.

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VidelaPAGINA12 / HORACIO VERBITAKY – Videla habló con una revista de Córdoba sobre la complicidad de la Iglesia Católica con la dictadura militar. El rol de Laghi y Primatesta y el testimonio de un ex sacerdote. No sólo asesoraron a la Junta sobre cómo manejar la cuestión de los detenidos-desaparecidos. También le ofrecieron sus “buenos oficios” para informar a algunas familias del asesinato de sus hijos garantizando que no lo hicieran público. Se comprende por qué hasta hoy la Iglesia no ha excomulgado a Videla.

El ex dictador Jorge Videla dijo que el ex nuncio apostólico Pío Laghi, el ex presidente de la Iglesia Católica de la Argentina Raúl Primatesta, y otros obispos de la Conferencia Episcopal asesoraron a su gobierno sobre la forma de manejar la situación de las personas detenidas-desaparecidas. Según Videla la Iglesia “ofreció sus buenos oficios” para que el gobierno de facto informara de la muerte de sus hijos a familias que no lo hicieran público, de modo que cesaran la búsqueda. Esto confirma el conocimiento de primera mano que esa institución tenía sobre los crímenes de la dictadura militar, como consta en los documentos secretos cuya autenticidad el Episcopado reconoció ante la justicia hace dos meses. Pero además muestra un involucramiento episcopal activo para que esa información no trascendiera tampoco por comentarios de los familiares de las víctimas, de cuyo silencio la Iglesia era garante.

Diálogos en la cárcel

El reportaje con la revista cordobesa El Sur, que edita en Río Cuarto Hernán Vaca Narvaja, se realizó antes de los concedidos al periodista español Ricardo Angoso y al argentino Ceferino Reato, pero sólo se divulgó esta semana. Fue realizado en tres partes por el periodista Adolfo Ruiz, en la cárcel de alta seguridad de Bouwer, donde el ex jefe de la Junta Militar estuvo detenido entre el 26 de junio y el 23 de diciembre de 2010, mientras se extendieron las audiencias del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la cárcel de Córdoba conocida como UP1. Videla fue condenado en ese proceso a prisión perpetua por los asesinatos de 31 prisioneros dentro de la cárcel o mediante fraguados intentos de rescate en ocasión de traslados. Videla recibió a Ruiz el 6 y el 13 de agosto y el 18 de octubre de 2010 en el locutorio de la cárcel de Bouwer, cuyos dos mil internos superan el número de pobladores de esa pequeña ciudad, que hasta hace dos años fue el depósito de los residuos domiciliarios de Córdoba. Antes de comenzar puso como condición que sus palabras recién se difundieran cuando dejara la provincia, como consta en la carta manuscrita que se reproduce aquí.

Como en aquellas otras entrevistas y en sus alegatos judiciales, Videla justificó el plan que aplicó la Junta Militar por los “decretos de aniquilación” firmados por el ex presidente interino Italo Luder, que constituyeron “una licencia para matar concedida por un gobierno democrático”. Cuando el periodista le inquirió si esa licencia incluía las torturas, el robo de bebés y el saqueo de los bienes de las víctimas, dijo que esas “bajezas humanas” se debieron al gran “poder y libertad de acción otorgados al Ejército”, situación en la cual “es inevitable que muchos utilicen esas libertades en beneficio propio”. Agregó que con los juicios él y sus camaradas pagan el costo de “no haber blanqueado” los métodos dispuestos entonces. Videla sostiene que “hacia el final de mi mandato, entre el ’80 y el ’81, se llegó a evaluar la posibilidad de publicar la lista, blanquear los desaparecidos”. Explica que “no era tan fácil, porque además íbamos a estar expuestos a la contra pregunta. Si a una madre le decíamos que su hijo estaba en la lista, nadie le impediría que preguntara ¿dónde está enterrado, para llevarle una flor? ¿quiénes lo mataron? ¿por qué? ¿cómo lo mataron? No había respuestas para cada una de esas preguntas, y creímos que era embochinchar más esa realidad, y que sólo lograríamos afectar la credibilidad. Entonces en ese momento no se quiso correr ese riesgo”. El razonamiento es idéntico al que Videla suministró a la Comisión Ejecutiva del Episcopado, cuando los obispos le transmitieron que el método de la desaparición de personas produciría a la larga “malos efectos”, dada “la amargura que deja en muchas familias”. Pero la fecha es muy anterior a la que menciona el dictador. Ese diálogo tuvo lugar el 10 de abril de 1978 durante un almuerzo de Videla con la Comisión Ejecutiva del Episcopado, que presidía el arzobispo de Córdoba Primatesta y que también integraban los arzobispos de Santa Fe y de la Capital Federal, Vicente Zazpe y Juan Aramburu, como vicepresidentes.

Primatesta hizo referencia a las desapariciones producidas durante la Pascua de 1978, “en un procedimiento muy similar al utilizado cuando secuestraron a las dos religiosas francesas”. Videla respondió que “sería lo más obvio decir que éstos ya están muertos, se trataría de pasar una línea divisoria y éstos han desaparecido y no están. Pero aunque eso parezca lo más claro sin embargo da pie a una serie de preguntas sobre dónde están sepultados: ¿en una fosa común? En ese caso, ¿quién los puso en esa fosa? Una serie de preguntas que la autoridad del gobierno no puede responder sinceramente por las consecuencias sobre personas”, es decir para proteger a los secuestradores y asesinos. El detalle de este diálogo consta en una minuta que los tres arzobispos redactaron en la sede del Episcopado en cuanto concluyó el almuerzo para enviarla al Vaticano. La autenticidad de ese texto fue reconocida por la Conferencia Episcopal, que hoy preside el arzobispo de Santa Fe, José Arancedo, ante una consulta de la jueza federal de San Martín, Martina Forns, luego de su publicación aquí. Pero en el reportaje con El Sur, Videla describe un grado de complicidad de la Iglesia Católica con los crímenes de su gobierno superior a lo que se conocía y con un carácter institucional que comprende tanto al Episcopado local como a la sede central en Roma. No se trata sólo de callar lo que sabían para no “hacer daño al gobierno”, como dijo Primatesta aquel día de 1978, sino incluso de asesorar a la Junta Militar y garantizar que tampoco los familiares de las víctimas contaran lo que había ocurrido con sus hijos. Lo que sigue es la transcripción textual del tramo de la entrevista sobre el tema:

–No deja de llamar la atención la forma en que se refiere a la situación de los desaparecidos. Hace sentir que para usted es un tema pendiente.

–La desaparición de personas fue una cosa lamentable en esta guerra. Hasta el día de hoy la seguimos discutiendo. En mi vida lo he hablado con muchas personas. Con Primatesta, muchas veces. Con la Conferencia Episcopal Argentina, no a pleno, sino con algunos obispos. Con ellos hemos tenido muchas charlas. Con el nuncio apostólico Pío Laghi. Se lo planteó como una situación muy dolorosa y nos asesoraron sobre la forma de manejarla. En algunos casos, la Iglesia ofreció sus buenos oficios, y frente a familiares que se tenía la certeza de que no harían un uso político de la información, se les dijo que no busquen más a su hijo porque estaba muerto.

–No parece suficiente.

–Es que la repregunta es un derecho que todas las familias tienen. Eso lo comprendió bien la Iglesia y también asumió los riesgos.

Hasta la expresión impersonal escogida por Videla (“se lo planteó”, “se les dijo”) trasluce la identidad entre Iglesia y Dictadura.

El rol de Laghi

La minuta para el Vaticano también muestra el conocimiento de la Iglesia sobre el secuestro de las religiosas francesas Alice Domon y Léonie Duquet. Sin embargo, cuando la superiora de las monjas en la Argentina, Evelyn Lamartine, y la religiosa Montserrat Bertrán recurrieron a Laghi, el nuncio las miró “como si fuéramos bichos asquerosos, y nos dijo: ‘Nosotros no sabemos nada, por algo habrá sido’. Montse se arrodilló y le rogó que hiciera algo. El se la sacó de encima, instintivamente, describe Evelyn, que entonces pensó: ‘Dios no se olvida de lo que dijiste’”. Su testimonio fue recogido por María Arce, Andrea Basconi y Florencia Bianco, cuya investigación fue publicada por Clarín en 2007. Un obispo y una madre superiora llegaron desde Francia para interesarse por Alice y Léonie, pero Primatesta ordenó desmentirlo y explicar que sólo venían a pasar Navidad. En 1995, bajo la conmoción de las revelaciones del ex capitán Adolfo Scilingo sobre el asesinato de prisioneros arrojados al mar, la esposa del secuestrado periodista Julián Delgado, María Ignacia Cercós, contó que el Comandante en Jefe de la Armada Armando Lambruschini consultó con Laghi acerca del destino de 40 detenidos-desaparecidos en la ESMA, que su antecesor, Emilio Massera, le había entregado al retirarse. Lambruschini no quería matarlos pero temía que si los dejaba en libertad contaran lo padecido en la ESMA, tal como ocurrió, y le preguntó a Laghi qué hacer. Según Cercós, el concimiento de Laghi sobre lo que sucedía en aquel campo de concentración llegaba hasta la nómina de los prisioneros que aún quedaban con vida. Ante el pedido de María Ignacia, Laghi consultó esa lista y “me dijo que Julián no estaba entre ellos. Quiere decir que tenía pleno acceso a la información”. En aquel momento, el propio Massera defendió a Laghi de tales “noticias calumniosas” y dijo que se preocupó en forma permanente por la suerte de “los llamados desaparecidos”. El problema es que Laghi había elegido la estrategia opuesta: negar que hubiera conocido la índole y la extensión de las violaciones a los derechos humanos. Dijo que “no tenía ni micrófonos ni espías que fuesen a los cuarteles a ver lo que los militares hacían”. Sus amigos Oscar Justo Laguna (quien al morir este año estaba procesado por la justicia federal de San Nicolás, por haber mentido en su testimonio sobre el asesinato de su colega Carlos Horacio Ponce de León), Alcides Jorge Pedro Casaretto, Carlos Galán, Domingo Castagna y Emilio Bianchi di Carcano sostuvieron que declaraciones como la de María Ignacia Cercós podrían “reinstalar entre nosotros no ya la violencia de las armas sino la de la venganza”. La esposa de Julián Delgado dijo entonces que durante años estuvo agradecida a Laghi por sus gestiones. “Pero ahora sé que no puedo perdonarle su silencio cómplice. Me siento un monstruo por haber escuchado esas cosas sin reaccionar.” El propio jefe máximo de aquella Junta Militar, sin el menor asomo de crítica, confirma tres décadas después el asesoramiento de Laghi sobre el secreto más horrendo y peor guardado de la dictadura.

La Eucaristía

Recuerdos coincidentes tienen muchos sacerdotes que en aquellos años frecuentaron a Laghi. Uno de ellos, Hugo Collosa, de Rafaela, le narró al periodista Carlos del Frade que Laghi visitó esa ciudad santafesina luego de la muerte de su obispo, Antonio Alfredo Brasca, incendiado por un cáncer en 1976. La enfermedad se adelantó a las Fuerzas Armadas, que lo tenían en su lista corta de aversiones. En el Obispado se reunían las agrupaciones laicas que militaban en los barrios más humildes y las del peronismo revolucionario, que tenían algunos miembros en común, entre ellos un sacerdote. Brasca se había manifestado en apoyo del movimiento de Sacerdotes por el Tercer Mundo junto con los obispos Enrique Angelelli, Ponce de León y Alberto Devoto. “Laghi vino a maltratarnos”, dice Collosa, quien ya no es sacerdote. “No tenía ninguna intención de discutir el perfil del nuevo obispo ni mucho menos que se siguiera la línea de Brasca. Lo llevamos a almorzar en un comedor para chicos de la ciudad y allí, a varios sacerdotes, nos contó de los vuelos de la muerte, de los secuestros, las desapariciones y las torturas. Es decir que ellos ya sabían lo que estaba pasando con lujo de detalles desde mucho antes que 1978. Y hablaba con fundamento de lo que hacía cada una de las tres armas. Nosotros ya habíamos sufrido el secuestro del padre Raúl Troncoso que militaba en barrio Fátima, y estábamos muy preocupados. Después lo mandaron a Cassaretto que hizo una pastoral totalmente distinta a la de Brasca y bien cercana a los sectores dominantes de la ciudad”. La primera entrevista de Videla con el periodista cordobés se interrumpió cuando lo trasladaron al Hospital Militar para tratarse de una incipiente bronquitis. Formaba parte de la comitiva que buscó a Videla “un hombre canoso que venía, cáliz y alba en mano, a darle la Eucaristía”. Es decir que pese a las sucesivas condenas por los más graves delitos, la Iglesia Católica no consideró necesario excomulgarlo, pena eclesiástica que impide la recepción de los sacramentos y se aplica a los pecados graves. El no considerar como tales los delitos de Videla certifica la prolongación en el tiempo de la complicidad eclesiástica con ellos.

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Cesar Ricaurte fundamediosAndes – Un guion conocido en Ecuador, implementó en Bolivia el gobierno de los Estados Unidos, a través de la USAID (Agencia de los EE.UU. para el desarrollo Internacional, por sus siglas en ingles), con el financiamiento de programas de monitoreo de la libertad de prensa y formación de periodistas.

Cables diplomáticos filtrados por Wikileaks revelan que bajo el vago titulo de “Democracia”, se permitía a instituciones estatales y privadas de Estados Unidos financiar actividades con partidos políticos y organizaciones no gubernamentales, armar programas de “monitoreo de la libertad de prensa” y de formación de periodistas.

Según el Gobierno del presidente Evo Morales, ese era el puente por el que el departamento de Estado norteamericano fogoneaba campañas de prensa en su contra.

En Ecuador, este rol lo cumple la “Fundación Andina para la observación y el estudio de medios”, Fundamedios. Esta organización cuya cabeza visible, César Ricaurte (foto), fue un tenaz crítico de los excesos de los medios de comunicación, pero, posteriormente, se alineó a los intereses de estos y comparte la misma agenda de los políticos opositores al régimen.

Ricaurte y la organización que dirige recibe financiamiento de la USAID y mantiene programas de monitoreo y observación de medios para generar alertas a organismos internacionales, generalmente, pintando un calamitoso estado de la libertad de expresión.

Otros programas que desarrolla esta ong son de fortalecimiento de la sociedad civil, capacitación de periodistas y “libertades informativas. Entre sus donantes está la National Endowment for Democracy (NED), Grupo Faro, IFEX, el Banco del Pichincha, y la televisora Ecuavisa.

César Ricaurte –ahora convertido por los medios a los que antes criticaba en una especie de adalid de la libertad de expresión-, figuraba junto a otros periodistas de medios privados (Carlos Jijón, Jorge Ortiz, Alfredo Negrete), como informante de la Embajada de Estados Unidos en Quito, según cables de Wikileaks.

Volviendo a Bolivia, el 9 de julio de 2009, el Ministerio de Planificación y Desarrollo informó a la Embajada de Estados Unidos la suspensión de los programas de “Democracia” de la USAID. Según cables diplomáticos, la delegación norteamericana en la Paz recibió la noticia con irritación e incredulidad, puesto que no esperaban que la represalia llegue a tanto.

Pese a su cercanía, la Embajada de Estados Unidos fue bastante crítica con sus aliados mediáticos en Bolivia. “El presidente Morales está en lo cierto cuando dice que las ricas familias son las propietarias de los medios y que generalmente tienen una perspectiva conservadora, pronegocios”, señalaba un cable de diciembre de 2008.

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Por: Homero Campa

Enrique Peña Nieto anunció desde su campaña que el General colombiano Oscar Adolfo Naranjo Trujillo sería su asesor en materia de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia de la República. La extensa y tortuosa historia del militar colombiano no augura nada bueno para los mexicanos en caso de confirmarse ese nombramiento. Sus relaciones con la DEA, con grupos paramilitares colombianos y con el narcotráfico, son documentados ampliamente.

El general colombiano Óscar Adolfo Naranjo Trujillo –a quien Enrique Peña Nieto anunció como su próximo asesor en materia de seguridad, en caso de llegar a la Presidencia de México– tenía relaciones con narcotraficantes y paramilitares de su país y estuvo implicado en sobornos y otros actos de corrupción.

Así quedó asentado en documentos de la Administración Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) elaborados a partir de interrogatorios a exdirigentes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quienes afirmaron que políticos y funcionarios cercanos al presidente Álvaro Uribe (2002-2010) les otorgaron apoyo para sus actividades militares y de tráfico de drogas.

Salvatore Mancuso Gómez –uno de los exdirigentes de las AUC, extraditado en 2008 a Estados Unidos acusado de narcotráfico– fue más lejos y le dijo a la DEA que Juan Manuel Santos, ministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente colombiano, participó en un complot para derrocar en 1995 al entonces mandatario Ernesto Samper. Explicó que ese complot derivó en el asesinato del político Álvaro Gómez Hurtado y afirmó incluso que en ese homicidio “estuvieron involucrados” el general Naranjo y uno de sus oficiales, Danilo González Gil.

Agentes de la DEA también interrogaron a Rafael García, exfuncionario del Departamento Administrativo y de Seguridad (DAS), organismo de inteligencia de Colombia.

García reveló que Jorge Noguera Cotes, director del DAS de 2002 a 2005, facilitó el apoyo logístico y la infraestructura de esa institución para que las AUC traficaran drogas a Estados Unidos a través de Venezuela y México y que incluso el propio Noguera “fue responsable de los contactos iniciales” con el cártel de los Beltrán Leyva.

Los memorándums de la DEA –cuyas copias tiene Proceso– tienen como propósito documentar “la corrupción de funcionarios públicos de Colombia”. Están fechados entre marzo de 2010 y marzo de 2011 y tienen como destinatario a Jay Bergman, director regional de la División de los Andes de la DEA, cuyas oficinas están en Bogotá.

En el paquete de documentos hay también un “reporte de investigación” fechado el 4 de agosto de 2009. Fue elaborado por agentes de la oficina de la DEA en Nueva York.

En todos ellos aparecen nombres de funcionarios, jefes policiacos y militares, legisladores y empresarios supuestamente vinculados con las actividades de las AUC. De hecho, cuando los agentes de la DEA preguntaron a Mancuso sobre la corrupción de los políticos en Colombia, éste contestó que “según las propias estimaciones de las AUC más de 35% de los congresistas elegidos en 2002 tuvieron algún tipo de vínculo, financiero o de otro tipo”, con esa organización.

Los contactos del General

Según un memorándum de la DEA fechado el 25 de marzo de 2010, Mancuso relató que en 1997 la policía lo arrestó junto con Rodrigo Tovar Pupo, comandante del Bloque Norte de las AUC, debido a que se encontraban en posesión de armas automáticas y granadas. La policía los recluyó temporalmente en una prisión del departamento de La Guajira. Pidieron ayuda a Carlos Castaño, en ese momento dirigente máximo de las AUC.

“Entonces –apunta el documento– Castaño llamó al (en esas fechas) jefe de la Policía Nacional de Colombia, general Rosso José Serrano Cadena, y le pidió ayuda. Serrano a su vez llamó a Óscar Naranjo con instrucciones de sacar de la cárcel a Mancuso y a Tovar Pupo. Éste (Naranjo) por su parte envió al coronel Danilo González Gil, quien rentó un avión que lo trasladó a La Guajira con el propósito de resolver la situación judicial (de los paramilitares). Ambos fueron puestos en libertad después de pagar un soborno”.

Como parte del llamado Proceso de Justicia y Paz –que permitió la desmovilización de los paramilitares a cambio de reducir sus sanciones por los delitos que cometieron, entre ellos matanzas de civiles– Mancuso compareció en 2006 y 2007 ante fiscales colombianos. Según el memorándum de la DEA, Mancuso afirmó que cuando inició estas comparecencias Naranjo lo calificó ante los medios como “un mentiroso” y que el propio general “instruyó a Diego Murillo Bejarano, Don Berna (narcotraficante, jefe de la organización criminal de Envigado y luego uno de los voceros de las AUC) para que callara” a Mancuso.

En ese entonces Don Berna y Mancuso estaban en la misma prisión en el municipio de Itagüí, Antioquia. Según el documento el primero le dijo al segundo “que guardara silencio sobre la corrupción en la policía o ellos podrían herir a su familia”. Mancuso afirmó que a consecuencia de sus declaraciones “hubo intentos de asesinatos contra su familia, al mismo tiempo que el gobierno colombiano retiró los dispositivos de seguridad que protegían” a ésta.

Mancuso dijo a la DEA que el coronel de la policía Danilo González –a quien calificó de “hijo favorito de Naranjo”– “solía ser visto en reuniones con miembros del Cártel del Norte del Valle”, a las que incluso acudía “con su uniforme de policía”.

González era subalterno de Naranjo en la Policía Nacional de Colombia y colaborador cercano de la DEA. Fue asesinado en marzo de 2004 en una oficina de abogados de capos de la mafia. Para esas fechas el gobierno de Colombia lo había dado de baja en la policía y las autoridades de Estados Unidos lo habían incriminado por sus relaciones con el cártel del Norte del Valle.

El memorándum señala que cuando los agentes de la DEA le preguntaron a Mancuso “quién más podría verificar sus afirmaciones sobre la corrupción de la policía”, éste respondió que Don Berna y Luis Gómez Bustamante, Rasguño –otro exdirigente de las AUC también extraditado a Estados Unidos– “eran conscientes de la extendida corrupción del general Naranjo”. Incluso mencionó que “la relación entre Gómez Bustamante y Naranjo se inició cuando ambos estaban afiliados a Los Pepes, el grupo paramilitar creado para asesinar a los socios y familiares de Pablo Escobar Gaviria”.

Según el documento Mancuso recordó que en 2003 la policía arrestó en Bogotá al narcotraficante Alberto Agredo. Dijo que mientras éste se encontraba en custodia de la policía, Murillo Bejarano envió a su entonces subalterno Carlos Aguilar Echeverri con Naranjo y le pagó “500 mil dólares como soborno para que lo dejara ir (a Agredo)”. Afirmó que “Agredo fue arrestado en otras dos ocasiones con el solo propósito de extorsionarlo”.

Otro memorándum de la DEA, también fechado el 25 de marzo de 2010, reseña el interrogatorio a Carlos Mario Jiménez Naranjo, Macaco, exintegrante del Cártel del Norte del Valle, comandante del Bloque Central Bolívar de las AUC de 1998 a 2006 y también extraditado a Estados Unidos en 2008 por narcotráfico.

Macaco dijo a los agentes de la DEA que Wilber Varela, jefe del cártel del Norte del Valle, estuvo “largamente asociado” con Naranjo. Afirmó que el propio Varela “una vez le dijo que había comprado ocho celulares con dispositivos de intercepción y que le dio tres de ellos a la Dijin (Dirección de Investigación Criminal e Interpol) para que los usara el general Naranjo”.

Varela fue asesinado en Mérida, Venezuela, en enero de 2008. Tras su muerte –y en medio de tensiones diplomáticas entre Bogotá y Caracas–, Ramón Rodríguez Chacín, ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia de Venezuela, ofreció el 4 de marzo de ese año una conferencia de prensa en la que acusó al gobierno colombiano de ser autor del asesinato.

El funcionario mostró una computadora que los investigadores venezolanos encontraron en el lugar donde murió Varela y que le habría pertenecido. Sostuvo que en dicha computadora había información que establecía “lazos de afinidad consanguíneos y, más que eso, de negocios” entre el narcotraficante y Naranjo. Y añadió que Varela “fue asesinado antes de que lo capturáramos para que no revelara información importante”.

Complot

Durante el interrogatorio al que fue sometido por la DEA, Salvatore Mancuso afirmó que Juan Manuel Santos, exministro de Defensa del gobierno de Uribe y actual presidente de Colombia, “mantuvo vínculos con las AUC y con traficantes de cocaína”. Más aún, dijo que Santos “estuvo involucrado en la planeación de un golpe militar contra la administración de (Ernesto) Samper” (1994-1998).

El citado memorándum de la DEA del 25 de marzo de 2010 asienta:

“Mancuso sostuvo que Santos y el resto de la oligarquía de Bogotá estaban molestos por la corrupción y la ineficacia de la administración de Samper y decidieron unir fuerzas con el Cártel del Norte del Valle y las AUC con el propósito de remplazar a Samper por un político popular de su elección (…)

“El presidente interino debería ser Álvaro Gómez Hurtado. Mancuso afirmó que Santos y el resto de los conspiradores querían información sobre sobornos que el cártel del Norte del Valle había pagado a la administración de Samper y que con esta información y el apoyo de los militares colombianos ellos desestabilizarían al gobierno de Samper, al cual remplazarían por un gobierno interino encabezado por Gómez Hurtado”.

El documento sigue: “Mancuso dijo que Santos y otros 20 individuos volaron a la ciudad de Montería, en el departamento de Córdoba, y de ahí tomaron un helicóptero perteneciente a Luis Hernando Gómez Bustamante (alias Rasguño, uno de los principales capos del Cártel del Norte del Valle) que los transportó a San Pedro de Uraba, Antioquia, donde planearon el golpe de Estado. Desafortunadamente para los conspiradores, resultó que Gómez Hurtado no quiso ser presidente y amenazó con exponer el plan. Según Mancuso, Danilo González Gil y Naranjo estuvieron involucrados en el asesinato de Gómez Hurtado para cubrir la conspiración”.

Gómez Hurtado fue diputado, senador y tres veces candidato a la Presidencia de Colombia. Su asesinato ocurrió el 2 de noviembre de 1995 cuando salía de las instalaciones de la Universidad Sergio Arboleda.

En realidad las declaraciones de Mancuso a la DEA sobre la participación de Santos en un complot para derrocar a Samper no eran nuevas. Ya las había hecho el 15 de mayo de 2007 ante fiscales de Colombia, durante el Proceso de Justicia y Paz. Sólo que entonces no mencionó que dicho complot hubiera derivado en la muerte de Gómez Hurtado.

Según una nota de Radio Caracol publicada en mayo de 2007, Santos, entonces ministro de Defensa, negó las acusaciones que Gómez Bustamante hizo en su contra durante el Proceso de Justicia y Paz. Admitió: quería que Samper dejara el gobierno, pero nunca propuso derrocarlo.

Sin embargo por este supuesto complot, por un escándalo de escuchas ilegales por parte de los servicios de inteligencia de la policía y por haber hecho declaraciones que tensaron las relaciones con Venezuela, en mayo de ese año los partidos de oposición al gobierno de Uribe y el Partido Cambio Radical (de la coalición uribista) propusieron en el Congreso colombiano una moción de censura contra Santos. El 13 de junio de ese año el Congreso rechazo la moción debido a que Cambio Radical dio marcha atrás.

Como publicó la revista Semana el 20 de enero de 2010, Gómez Bustamante –extraditado a Estados Unidos en julio de 2007– declaró ante una comisión judicial colombo-estadunidense que el expresidente Samper y su ministro del Interior, Horacio Serpa habrían sido autores intelectuales de la muerte de Gómez Hurtado y que el coronel Danilo González se habría valido de dos suboficiales de la Policía Nacional de su entera confianza para cometer el asesinato. Tanto Samper como Serpa negaron cualquier implicación en el homicidio y calificaron las declaraciones de Gómez Bustamante de “fantasiosas”.

El guardaespaldas

En los interrogatorios con la DEA, Mancuso y Jiménez Naranjo señalaron que varios colaboradores cercanos al expresidente Uribe recibieron dinero de las AUC y de organizaciones del narcotráfico a cambio de ofrecerles apoyo.

Uno de ellos: el general retirado Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe de 2002 a 2005.

Jiménez Naranjo afirmó que Santoyo recibía “un salario” de las AUC y que un cuñado de éste era el jefe de seguridad del narcotraficante Daniel Barrera Barrera, El Loco Barrera.

Otro de los interrogados por la DEA, Francisco Flórez Upegui, Don Pancho –exdirigente de la Oficina de Envigado– sostuvo que Santoyo tenía vínculos con la Oficina de Envigado y que Pedro Gallón Henao –ligado a actividades de narcotráfico– “había tenido acceso a oficiales corruptos del más alto nivel en la policía colombiana, los cuales recibían ‘favores especiales’ a través de Santoyo”.

Dichas declaraciones ante la DEA –realizadas en marzo y mayo de 2010, respectivamente– al parecer tenían fundamento: la prensa colombiana publicó que el pasado lunes 2 Santoyo se entregó a la DEA en el hangar de esta agencia en el aeropuerto militar de Bogotá. La razón: enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal en Alexandria, Virginia.

De acuerdo con la acusación estadunidense, las AUC y la Oficina de Envigado pagaron sobornos a Montoya para que éste colaborara en operaciones de tráfico de drogas y les entregara información secreta sobre operativos de la DEA y de las autoridades colombianas.

Óscar Rodríguez, abogado de Santoyo, dijo que éste “se declaró inocente” durante una audiencia realizada el viernes 13 en la corte federal de Alexandria, según publicó el miércoles 18 el diario colombiano El Espectador.

El Cartel de las tres letras

Un “reporte de investigación” elaborado por la oficina de la DEA en Nueva York, con fecha 4 de agosto de 2009, da cuenta del interrogatorio que realizaron miembros de esa agencia a Rafael García, jefe de los Sistemas de Información del DAS de septiembre de 2002 a enero de 2005. El interrogatorio se efectuó en Montevideo, Uruguay, del 28 al 30 de julio de 2009.

Según este documento, García afirmó que durante las elecciones presidenciales de 2002 “Raúl Montoya Flores, un rico empresario que era amigo de Gilberto Molina, exmiembro del cártel de Medellín durante los noventa, proveyó de grandes cantidades de dinero para financiar la campaña presidencial” de Uribe. Sostuvo que “cuentas bancarias de Molina fueron utilizadas para pagar el asesinato del director del diario El Espectador, Guillermo Cano”.

García cuenta que cuando en 2002 Uribe ganó la elección presidencial, éste designó a Jorge Noguera Cotes como director del DAS. Lo hizo por solicitud de Sergio Araujo Castro, testaferro del comandante del Bloque Norte de las AUC, Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40. En esas fechas Noguera nombró a García jefe de los Sistemas de Información del DAS.

García señaló que su trabajó consistió en “apoyar a las AUC”, lo cual incluía obtener secretos de inteligencia y manipular o alterar información judicial para beneficiar a las AUC y a importantes narcotraficantes. Dijo que para hacer esto, el DAS era apoyado por colaboradores ubicados dentro de varias entidades judiciales del gobierno colombiano.

Por ejemplo: “El exprocurador general y luego embajador de Colombia en México, Juan Camilo Osorio, proveía al DAS de información sobre incautaciones de activos que se encontraban pendientes, órdenes de aprehensión y solicitudes de extradición, lo cual facilitaba al DAS la tarea de alterar o borrar archivos criminales”.

García expuso que el entonces coronel Mauricio Santoyo Velasco, jefe de Seguridad de Uribe era “el receptor” de la información obtenida ilegalmente por el DAS y que a veces éste le solicitaba al organismo “investigar a individuos los cuales posteriormente eran objeto de amenazas de muerte o de atentados contra sus vidas”.

García contó que proveyó a las AUC de información sobre una operación en su contra que la Policía Nacional de Colombia iba a realizar en el departamento de Magdalena. Esta corporación se dio cuenta y empezó a investigarlo. En ese momento el DAS recibió información sobre una operación contra las AUC que debía informar a éstas: La Operación Ciclón, que llevaría a cabo la Unidad Antilavado de Dinero de la Procuraduría General de la Nación. García declinó ofrecer la información a la organización paramilitar. Confesó que temió por su seguridad y la de su familia. Habló con su jefe, Noguera.

“Noguera dijo a García que el presidente Uribe y el procurador Osorio tenían conocimiento de cada cosa que ellos (Noguera y García) estaban haciendo y concertó una cita con el mandatario en la cual éste aprobó la entrega de la información secreta”, asienta el reporte de la DEA.

Y añade: “García entregó la información a las AUC, lo cual resultó en el fracaso de la Operación Ciclón”.

García indicó que en 2003 Noguera creó un grupo clandestino para infiltrarse en Venezuela y proveer apoyo al Bloque Democrático (BD), organización opositora al presidente Chávez. Afirmó que el BD permitió que ese grupo clandestino utilizara territorio y áreas costeras venezolanas para traficar drogas a cambio del apoyo del DAS y las AUC para derribar a Chávez.

García comentó que el DAS empezó a ser conocido como “el cártel de las tres letras” debido a que, en su apoyo a las AUC, se implicó directamente en actividades de narcotráfico.

Contó: “Los narcóticos eran transportados de Colombia a Venezuela y luego a Guatemala y México a través de lanchas rápidas que llevaban toneladas de cocaína. El exgobernador del departamento de Cesar, Hernando Molina Araujo, estableció las rutas y facilitó los contactos en Guatemala para recibir las cargas de cocaína”.

El documento de la DEA añade: “Noguera fue el responsable de iniciar los contactos con la organización mexicana de los Beltrán Leyva. García también viajó a México y en representación de Noguera se reunió con miembros de los Beltrán Leyva, con quienes negoció cargamentos de drogas”.

García ya había denunciado a Noguera en 2006 en Colombia. Un año después la justicia colombiana lo detuvo e inició en su contra un juicio que escaló hasta la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual en septiembre de 2011 lo condenó a 25 años de prisión por aliarse con los paramilitares de las AUC y facilitarles información privilegiada.

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