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Archive for 30/10/12

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Jean-Guy Allard (especial para ARGENPRESS.info)

Mientras Cuba realiza una reforma integral de sus leyes migratorias que autoriza a sus ciudadanos a viajar libremente a cualquier parte del mundo, la policía política del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, controla el número de permisos de viajar a Cuba que otorga para asegurarse que los norteamericanos no vengan a la Isla para “bailar y tomar”.

Lo confirma El Nuevo Herald – el moribundo vocero de la mafia de Miami – que asegura que la OFAC “eliminó un cuello de botella” en los llamados “viajes pueblo a pueblo” a Cuba, concebidos para convertir en instrumento de propaganda política las visitas de ciudadanos estadounidenses a Cuba.

El “cuello de botella” fue “provocado por quejas de demasiado baile y bebida en la isla”, revela un articulo firmado por el ex analista CIA Juan O. Tamayo.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, verdadera Gestapo económica que hace cumplir las innumerables sanciones estadounidenses contra Cuba, confirmó al periódico que “apretó” aún más estrictamente sus regulaciones como resultado de las quejas.

Los norteamericanos – con excepción de los cubanoamericanos, sometidos a reglas diferentes – no pueden viajar a Cuba salvo con permiso de la OFAC y en el marco de viajes “educacionales”, en grupo, con programas e itinerarios pre-establecidos.

“Procesamos sistemáticamente todo el tiempo las solicitudes pueblo a pueblo”, dijo al periódico Jeff Braunger, director del programa de la OFAC para Licencias de Viajes a Cuba, confirmando el carácter político de la operación.

Sin embargo el funcionario confirmó que las demás solicitudes de licencias pueden “requerir un tiempo importante” lo que atribuye “a varios factores”, sin precisar cuales.

Inventados y autorizados por el Congreso en 1992, los llamados “viajes pueblo a pueblo” deben “fomentar interacciones significativas” entre visitantes estadounidenses y los cubanos, en el marco de las políticas injerencistas de desestabilización que promueve Estados Unidos desde medio siglo contra la isla.

“El presidente George W. Bush los suspendió en medio de quejas de que los visitantes de Estados Unidos bailaban demasiada salsa y tomaban demasiados mojitos” hasta que les reinicia con un propósito exclusivamente político. Barack Obama a comienzos del 2011.

El año pasado, el senador cubanoamericano ultraderechista Marco Rubio denunció que un grupo de norteamericanos fue a un concierto por el 85 cumpleaños del líder de la Revolución cubana, Fidel Castro, y obtuvo de la OFAC la promesa de aplicar regulaciones aún más estrictas.

La mafia cubanoamericana de Miami que impone sus conceptos retrógrados a las sucesivas administraciones de Estados Unidos sostiene que las visitas a Cuba, incluso los de ciudadanos de origen cubano interesado en visitar su familia, “llenan los cofres del gobierno comunista” que usa los viajes “para su propaganda” o para el “adoctrinamiento” de los visitantes.

Washington no permite el libre turismo a Cuba mientras las autoridades cubanas sí permiten a los norteamericanos visitar la Isla sin obstáculo ninguno.

En virtud de la reforma de sus leyes migratorias, Cuba permite a sus ciudadanos a visitar cualquier país del mundo sin otra restricción otra que la emisión de las correspondientes visas por las autoridades de estas naciones.

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Osvaldo Rodríguez Martínez (AIN, especial para ARGENPRESS.info)

La nueva legislación migratoria de Cuba simplificó trámites a los viajes personales y estableció un procedimiento especial para extender permisos a atletas de alto nivel y sus entrenadores, profesionales élites y directivos claves, como forma de proteger los resultados deportivos, la fuerza laboral altamente calificada y, como cualquier otra nación, el funcionamiento del Estado.

Hasta el momento, todos los universitarios, cuadros de dirección, deportistas y técnicos eran autorizados a salir al exterior por sus respectivos ministros o cargo similar, incluso aquellos quienes no tenían vínculo laboral en el momento de su salida del país, debían solicitar autorización en el último sector donde trabajaron.

Al mismo triunfo de 1959, la política del gobierno de los Estados Unidos secuestró a la emigración cubana para utilizarla como arma de guerra, método activo hasta la fecha.

Desde el despojo casi total de los seis mil médicos que había en Cuba cuando la Revolución tomó el poder, con la creación de visas “weavers” y el llamado “Parole”, hasta el actual Programa de Parole para Profesionales Médicos Cubanos (CMPP, por sus siglas en inglés), los esfuerzos fueron y son extraordinarios para agredir al país y acuñar la imagen de culpar a la dirección revolucionaria por las consecuencias.

La familia cubana fue la víctima seleccionada: rupturas, separación, lejanía, añoranzas, muertes…

El CMPP continúa vigente, aseguró recientemente William Ostick, portavoz de la Oficina de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado de Estados Unidos, al expresar a periodistas norteamericanos la reacción de su gobierno ante las modificaciones a la ley migratoria cubana y tranquilizar a los voceros de la mafia ultraderechista de la Florida.

No obstante, para tomar distancia de la medida, el funcionario recordó que la iniciativa fue establecida por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El objetivo de este agresivo programa es estimular la deserción del personal médico cubano que estudia o trabaja en terceros países, a quienes ofrecen inmediato permiso de entrada a Estados Unidos, aunque ello no incluye revalidación del título ni trabajo como profesional de la salud en ese país.

El programa CMPP fue creado en agosto del 2006 como parte de un “paquete estratégico” de medidas para establecer selectividad en la inmigración ilegal desde Cuba.

La “iniciativa”, según reportes de prensa, provino del coronel (r) de la inteligencia militar (nacido en Cuba) Emilio T. González, quien fue director de los Servicios de Inmigración y Ciudadanía durante la administración de George W. Bush, cargo para el que fue nombrado como señal al connotado asesino Luis Posada Carriles, de que aún tenía fieles amigos (entiéndase protectores) en el poder y así seguir contando con su silencio.

Cuba, por su parte, está actualizando su política migratoria pero tiene en cuenta tales peligros y el legítimo derecho del Estado revolucionario a defenderse de los planes injerencistas y subversivos, y está en la obligación de mantener algunas medidas para preservar el capital humano de alto nivel, creado en el transcurro del último medio siglo.

Por tal motivo, las actuales modificaciones que entrarán en vigor el 14 de enero del 2013, reconocen el derecho expedito de la mayoría de los ciudadanos para que obtengan un pasaporte y viajen libremente a cualquier parte del mundo, pero se reserva la facultad de autorización estatal a quienes definen la vitalidad de procesos estratégicos para el desarrollo económico, social y científico-técnico.

Bajo ningún concepto limita a los mismos a viajar, e incluso a residir en otro país, lo que establece es un procedimiento especial.

La Ley norma incluso, que en el caso de los universitarios contemplados en la categoría de “vital” pretender emigrar o cambiar su domicilio al extranjero, las administraciones tienen un plazo de hasta cinco años para preparar su relevo y hasta tres para los técnicos medio.

Los atletas, entrenadores y técnicos, que definen en los resultados deportivos de la nación también forman parte del procedimiento especial. Este sector, aunque no cuenta con un programa específico del gobierno estadounidense, es perseguido por los caza talentos del deporte rentado, vinculados muchos de ellos a los más acérrimos enemigos del socialismo cubano.

Aplicar la autorización a los altos directivos y cuadros de dirección implicados en decisiones importantes de la economía no requiere mucha explicación, pues es un ejercicio común para la seguridad de cualquier estado.

Las modificaciones actuales no son la meta final, sino solamente un importante paso hacia la normalización de las migraciones, bajo el precepto del derecho de los ciudadanos cubanos a viajar, emigrar o residir en el extranjero, y retornar a su Patria cuando lo deseen, aseguran altos directivos del Gobierno.

Queda aún por definir en cada sector quiénes requerirán de autorización para obtener su pasaporte, pero en ello también la Ley define términos, pues a partir de su promulgación en la Gaceta Oficial, las instituciones tienen 40 días para entregar las propuestas al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social.

No obstante, la decisión será del Consejo de Ministros y la Comisión Central de Cuadros del Estado, según corresponda, tomando en cuenta que esta política no dependerá de los sectores, sino que es centralizada en el Gobierno.

Una vez decididos los cargos que deben pedir la autorización, corresponde a los jefes de organismos centrales el otorgamiento de las mismas.

La medida solo es la respuesta al habitual “robo de talentos”, que en el caso cubano tiene la particularidad de ser un arma de la guerra no declarada de Estados Unidos contra la Revolución: crear problemas internos, desestabilizar al país, agredir por todos los flancos posibles… son estratagemas para derrocar al sistema político-social de Cuba.

Como ha repetido múltiples veces Fidel: no perdonan nuestra soberanía.

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Jorge Gómez Barata (especial para ARGENPRESS.info)

En los debates presidenciales dio la impresión de que Mitt Romney aburría al presidente Barack Obama quien además de luchar por la reelección debe gobernar el país. Entre lo insustancial descolló el momento cuando el aspirante republicano culpó a su adversario por el presunto debilitamiento del poderío militar de los Estados Unidos: “La Armada tiene ahora menos buques que en 1917”, afirmó Romney a quien Obama no perdonó: “También tenemos menos caballos y bayonetas”, respondió y añadió lo obvio: “…La naturaleza de nuestro ejército ha cambiado”.

Lo que no ha cambiado es el empleo del poderío militar, especialmente aeronaval para los fines de la política imperiales y de hegemonía mundial cosa que Obama ha cultivado del mismo modo que sus 43 predecesores. Ningún presidente norteamericano ha descuidado el crecimiento del poderío militar y ninguno ha sufrido las consecuencias de haber perdido una guerra. Paradójicamente el precio más alto lo pagó un ganador, Woodrow Wilson, castigado por el Congreso no por vencer en la Primera Guerra Mundial sino por hacerlo a un precio demasiado alto.

Ninguno de los líderes históricos de la revolución, excepto George Washington se destacó como militar y pasaron casi 30 años para que llegara al poder Andrew Jackson (1829-1837) , el séptimo presidente, prototipo del héroe americano por su desempeño en las guerras contra los británicos y los indios. Se trata del único mandatario que ha sido prisionero de guerra al que también se le recuerda como el más cruel por haber expulsado a los indios de sus tierras y organizado “La Caravana de las Lagrimas,” operación mediante la cual varios pueblos originarios fueron obligados a caminar miles de kilómetros durante cuatro años (1831-1835) desde el este de los Estados Unidos hasta Oklahoma.

La Guerra contra México (1846-18489), permitió el encumbramiento del general Zachary Taylor, que se convertiría en el décimo segundo mandatario, la Guerra Civil aportaría a otro general Ulises Grant el decimo octavo, la Guerra Hispano Americana librada en Cuba destacó a Theodore Roosevelt, el vigésimo sexto y la Segunda Guerra Mundial al trigésimo cuarto, Dwight Eisenhower, el más famoso de los militares estadounidenses.

La acusación de Romney carece de sentido porque desarrollar y emplear el poderío militar es algo que todos los presidentes hacen, no porque sean más o menos guerreristas, sino porque el sistema es de perfil imperialista lo que supone la aspiración a la hegemonía mundial para lo cual el poderío aeronaval, coheteril y nuclear son esenciales e imprescindibles.

Tal vez llegue el día en que sobren no sólo caballos y bayonetas, sino también los tanques, la infantería y los cañones y baste con portaaviones, drones, submarinos y misiles apoyados por acciones letales en el ciber espacio, terreno en el cual Estados Unidos bajo la presidencia de Obama se ha colocado a la cabeza. La vocación imperial no la hacen los presidentes; es al revés. Allá nos vemos.

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Manuel E. Yepe (especial para ARGENPRESS.info)

Como aquel buen tonto que miraba con incredulidad al dedo índice del sabio cuando éste indicaba el camino para llegar a las estrellas, hay actualmente quienes, a raíz de la victoria electoral del presidente Hugo Chávez, aconsejan a Cuba tomar el camino de Venezuela para continuar con mayor emoción la ruta hacia el socialismo.

Quizás, el mérito mayor de Hugo Chávez y las fuerzas políticas que le acompañan sea haber obtenido un éxito tras otro en una lucha que le ha venido impuesta con reglas de juego instituidas para modelar escenarios bien distintos a los que han sido históricamente característicos de las revoluciones sociales radicales.

Son normas de procedimiento dictadas por las clases dominantes que los revolucionarios bolivarianos se han propuesto respetar para excluir las consecuencias lamentables de la violencia hasta donde ello sea posible, aunque sin negar la eventualidad de apelar a ese recurso si contra las fuerzas del cambio éste es utilizado.

El gobierno bolivariano logró estas victorias basándose en la genialidad de su líder, Hugo Chávez, adaptando los métodos de lucha propios de las revoluciones a los requisitos de un sistema político burgués en cuyo seno ha sido capaz de encontrar espacios para actuar hasta alcanzar el poder político que ahora le permite seguir avanzando hacia la consolidación de un poder popular cierto.

Por otros medios, Cuba logró situarse en una posición más avanzada en el camino a la liberación del orden capitalista. Gracias al talento de su vanguardia encabezada por Fidel Castro, la torpeza de la oligarquía cubana y la arrogancia del poder hegemónico del que ella dependía, Cuba pudo dar pasos gigantescos hacia el futuro anhelado por su pueblo.

El empeño por cerrar las puertas a las limitadas posibilidades que el sistema político imperante permitía en tiempos de la tiranía de Batista, legitimó la opción de acudir a la violencia contra la opresión por los revolucionarios cubanos.

Tras su victoria en heroica gesta, los revolucionarios cubanos reivindicaron y conquistaron el derecho a implantar el nuevo orden democrático que ahora rige el sistema político y electoral cubano guiado por los intereses de las mayorías y no las conveniencias de partidos políticos, agentes de sectores oligárquicos diversos, como era antes.

Los revolucionarios venezolanos no enfrentaron una burguesía tan enajenada de las realidades que la revolución abría en la arena nacional como aquella que derrotaron los cubanos, sino otra igualmente dominada por el imperio pero incomparablemente más astuta y opulenta. Esto añade mérito a los revolucionarios de Venezuela quienes, al llegar al poder político, se vieron enfrentados a un muy difícil adversario contra el cual han logrado obtener y consolidar sus logros desarrollando los medios más eficaces a su alcance: un fuerte apoyo de los sectores más humildes de la población y la solidaridad revolucionaria latinoamericana.

El imperio y los remanentes oligárquicos derrotados parecen ya conscientes de que atentar violentamente contra el nuevo orden constitucional que el pueblo se ha dado, legitimaría la violencia revolucionaria.

Situación bien distinta es la que enfrentan los revolucionarios cubanos quienes, a fuerza de coraje y extraordinarios sacrificios, ya han logrado consolidar instituciones y procedimientos democráticos propios que desbrozan parte del camino hacia la nueva sociedad socialista.

Enfrentando la hostilidad sostenida del mismo imperio que ataca a Venezuela, los revolucionarios en Cuba han podido avanzar en muchos objetivos esenciales del proyecto socialista aunque los innumerables obstáculos que les han sido interpuestos por Estados Unidos hayan impedido o retrasado muchas aspiraciones que han debido posponerse.

Los revolucionarios cubanos no tienen que convivir, como los venezolanos, con una quinta columna de aliados internos del jefe global de la contrarrevolución, el gobierno estadounidense.

El sistema electoral cubano necesita de ajustes que lo hagan más interactivo y representativo pero ¿tendría sentido que Cuba modificara su revolucionario sistema electoral para involucionar hacia procedimientos electorales “partidocráticos” o “democráticos empresariales” como aquellos que llevaron al país en el pasado a la tiranía y la corrupción que motivaron la rebeldía que desencadenó la etapa actual de la revolución cubana?

La revolución cubana y la bolivariana pueden aportarse mucho recíprocamente. Los revolucionarios cubanos aprenden de las experiencias de la Venezuela que lucha por el socialismo en el seno de relaciones capitalistas, un entorno sociopolítico lleno de peligros y amenazas del que Cuba falta hace casi 50 años y al que no desea regresar jamás.

Las revoluciones son también procesos de búsqueda y ensayo en los que la solidaridad y los intercambios de experiencias con otros procesos son imprescindibles. Lo impropio sería la copia mecánica o acrítica que rara vez deja buenos resultados.

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PL

El exjefe del Ejército indio, general (r) V. K. Singh, acusó al gobierno de violar la Constitución, adoptar medidas antipopulares, entregar la riqueza nacional a las transnacionales y favorecer la corrupción.

El Gobierno está contra la Constitución, exigimos que el Parlamento sea disuelto, el país y el pueblo no tienen futuro con estos parlamentarios y con este gobierno, apuntó el general Singh en declaraciones que hoy reproducen medios de prensa locales.

Los tribales (tribus originarias) se están quedando sin hogares, sin tierras, sin selvas, sin agua, porque el gobierno se las está entregando a las grandes empresas, alegó el exmilitar, quien tras su jubilación hace unos meses se unió a la campaña de reformación social liderada por el activista Anna Hazare.

¿Quién es el verdadero dueño de esos recursos? Ningún miembro del Parlamento se hace esa pregunta, señaló.

Acusó también al gobernante Partido del Congreso de plegarse a las grandes transnacionales al abrir a los capitales foráneos el comercio minorista y otros sectores desde siempre protegidos por la política nacional.

¿Cómo puede el primer ministro (Manmohan Singh) despejar el camino a las inversiones extranjeras directas cuando (a ese respecto) el gobierno está en minoría?, inquirió.

El Gobierno debe dejar claro la forma en que va a manejarse, si desde la Constitución o sobre las demandas del mercado, reclamó.

Acusó además al oficialismo de inacción frente a quienes colocan dinero negro en bancos extranjeros y cometen fraudes, estafas y otros actos de corrupción.

Este gobierno ha cruzado todos los límites, sentenció Singh ante la mirada aprobadora de Hazare, quien en sus años mozos también fue militar.

El exjefe del Ejército defendió además el derecho de la ciudadanía a revocar a sus representantes y pidió la inmediata disolución del Parlamento y la celebración de elecciones anticipadas (programadas para la primavera del 2014).

Hazare convino en que el gobierno no está funcionando a tenor con la Constitución y lamentó que el destino de los pobres del país “sea decidido por gente sentada en Estados Unidos”.

El activista social criticó al Partido del Congreso de entregar los recursos naturales a las granes corporaciones en desmedro del interés popular y nacional, y aseguró que ni los parlamentarios ni el gobierno harían nada por crear una oficina anticorrupción autónoma.

“Los dos (él y el general Singh) hemos estado en el ejército, hemos librado guerras. Ahora es el momento de luchar contra el enemigo interno”, dijo.

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RIA NOVOSTI (especial para ARGENPRESS.info)

El primer grupo generador de la planta nuclear iraní de Bushehr será entregado al cliente a finales de marzo de 2013, dijo el subdirector de la empresa rusa de construcción de centrales nucleares en Irán y Turquía, NIAEP, Vladímir Pávlov.

“Las obras en el primer grupo generador de la planta de Bushehr se realizan según el gráfico coordinado con el cliente, su entrega está prevista para finales de marzo de 2013”, informó.

Dado que la central combina en sí la maquinaria rusa contemporánea y las estructuras de la compañía alemana KWU de la década del 70 del siglo pasado, el volumen de las pruebas excede el reglamentario de las centrales rusas de este tipo, explicó.

Anteriormente, Ígor Mezenin, jefe de departamento de la empresa rusa Atomstroiexport, encargada de ejecutar el proyecto, había señalado que especialistas rusos planeaban entregar la central nuclear de Bushehr a Irán en la tercera década de diciembre de 2012.

Las obras de construcción de la central fueron iniciadas en 1974 por el consorcio alemán Kraftwerk Union A.G. (Siemens/KWU), pero en 1980 la compañía rompió el contrato debido a la decisión del Gobierno alemán de apoyar el embargo de Estados Unidos sobre el suministro de equipos a Irán.

La empresa rusa Atomstroiexport asumió la construcción de la planta mediante un contrato firmado en 1995, tres años después de que Moscú y Teherán acordaran cooperar en el uso de la energía atómica con fines civiles.

La puesta en marcha física de la central de Bushehr se efectuó el 21 de agosto de 2010 bajo el control del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y tras suministrarse el combustible nuclear desde Rusia.

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PL

El Estado salvadoreño pidió perdón a los cientos de familias salvadoreñas que fueron víctimas de la desaparición forzada de niños y niñas durante el conflicto armado interno (1980-1992).

Esa voluntad fue expresada, a nombre del presidente Mauricio Funes, por el ministro de Relaciones Exteriores, Hugo Martínez, en un acto en la ciudad de San Vicente, a unos 60 kilómetros al este de la capital.

Martínez afirmó que se trata de “familias que sufrieron el infinito dolor de ser golpeadas por la desaparición de sus seres más queridos y más vulnerables”.

Recalcó que el acto constituye una demostración más del nuevo posicionamiento del Estado salvadoreño frente a sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Añadió que esa política busca reconciliar a El Salvador con su propia historia y recuperar la dignidad de uno de los sectores de la población más olvidado en el pasado, pese a ser tan numeroso y agraviado.

Con este acto se da cumplimiento a una de las medidas de reparación ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 31 de agosto de 2011, en el “Caso Contreras y otros vs. El Salvador”.

El Ministro reconoció la responsabilidad de agentes del estado en la desaparición forzada de seis niños y niñas de las familias Contreras, Mejía y Rivera, ocurridas durante operaciones militares de 1981 a 1983.

En el acto participaron miembros de las tres familias y dos de las víctimas, encontradas por gestiones de la Asociación Pro-Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos, creada en el actual gobierno.

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PL

La persistente resistencia del expresidente peruano Alberto Fujimori a firmar el pedido de indulto presentado por sus hijos, como exige la comisión oficial encargada de evaluarlo, entrampa hoy el trámite de la solicitud.

La hija mayor y heredera política del preso, Keiko Fujimori, reaccionó irritada ante la exigencia planteada por la Comisión de Gracias Persidenciales, la ministra de Justicia, Eda Rivas; y el procurador Anticorrupción, Julio Arbizu.

Sostuvo que la firma no es necesaria y que exigirla es una “leguleyada” (jugarreta jurídica) y acusó a la citada comisión de parcialidad (contra el indulto), a tiempo de sostener que ni esta, ni la ministra, ni el procurador deben intervenir porque el indulto de una atribución del presidente Ollanta Humala.

Tras reclamar que la comisión debe poner en marcha el proceso para el indulto, Keiko Fujimori añadió que la decisión de firmar o no la petición la tomará solo su padre, quien se niega a hacerlo porque con ello reconocería sus culpas, a lo que se niega, pese a la condena de los jueces.

El trámite para la posible gracia no comenzará, según Arbizu, mientras no firme la solicitud el preso, condenado a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad y corrupción cometidos durante su gobierno de una década (1990-2000).

Según el procedimiento establecido, un pedido de indulto no puede llegar directamente al jefe de Estado, sino que debe ser evaluado por la comisión, que verificará si el solicitante cumple los requisitos, es decir si es enfermo terminal o sufre una enfermedad grave, incurable y avanzada y las condiciones carcelarias ponen en peligro su vida.

El exgobernante no es un enfermo terminal, la familia alega que tiene un cáncer bucal controlado, pero de alto riesgo -lo que ponen en duda importantes especialistas- y un diario local reveló ayer que Fujimori vive en una cárcel exclusiva con un área de más de 10 mil metros cuadrados a su disposición.

Disfruta, según la fuente, de grandes comodidades, guardias a sus órdenes y visitas irrestrictas, así como un pequeño policlínico con dos médicos, enfermeras y una ambulancia.

La ministra Rivas anunció que los miembros de la Comisión de Gracias Presidenciales, que dicen tener más de 100 casos pendientes y priorizar a los de enfermos terminales, tienen previsto visitar la cárcel de Fujimori, para verificar las condiciones de su encierro.

Importantes comentaristas son escépticos respecto a la posibilidad de que el presidente Humala indulte a Fujimori, habida cuenta que el costo político de perder el apoyo de sectores de izquierda y centro es mucho mayor que posibles beneficios como el respaldo agradecido del fujimorismo.

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Javier Rodriguez Roque (PL)

El aislado gobierno paraguayo continuó hoy su campaña contra Unasur y condicionó la presencia de su misión para observar el proceso electoral al regreso de los embajadores retirados en protesta por la destitución de Fernando Lugo.

La posición del Ejecutivo de Federico Franco, que recrudeció últimamente los ataques contra la Unión de Naciones Suramericanas y el Mercado Común del Sur, la expuso nuevamente el ministro de Relaciones Exteriores, José Félix Fernández.

Paraguay se encuentra suspendido de su participación en los dos grandes bloques integracionistas suramericanos a consecuencia de la interrupción de su proceso democrático por el golpe parlamentario contra Lugo, el pasado mes de junio.

Los embajadores de casi todos los países de la subregión se retiraron como parte del desconocimiento al gobierno de Franco, impuesto por el Congreso tras sacar de su cargo al mandatario constitucional.

También se alertó en los acuerdos adoptados por Unasur y Mercosur que las sanciones sólo se levantarán con la elección de un nuevo gobierno mediante comicios limpios, con garantías para todos los sectores, y observados por misiones de las dos instancias.

Sin embargo, la posición del gobierno paraguayo es calificar de ilegal la suspensión dictada e incluso la entrada de Venezuela al Mercosur y no esconde el apoyo del secretario general de OEA, José Miguel Insulza, para intentar superar el aislamiento regional que sufre.

Aunque Insulza aseguró una misión de 90 personas para validar las elecciones de abril del 2013, decisión tomada en forma personal sin acuerdo del plenario de OEA, la presencia como observadora de la Unión Europea aún no se consiguió oficialmente y sólo se analizará a fin de año.

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