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A pesar del rechazo manifestado por partidos políticos, organizaciones sociales y varios medios de prensa, el gobierno paraguayo anunció la firma de un nuevo acuerdo con la multinacional Río Tinto Alcán.
El Ejecutivo y la megaempresa canadiense manifestaron así su decisión de avanzar en los planes de instalación en el territorio paraguayo de una planta productora de aluminio, criticados por las exigencias de Río Tinto, su impacto ambiental y la escasa mano de obra que empleará.
El propio ministro de Industria y Comercio, Diego Zavala, quien anteriormente desempeñara en forma privada el cargo de asesor de la poderosa transnacional, anunció la suscripción de nuevos documentos por las dos partes próximamente.
Aunque no se divulgó el texto a firmar, técnicos paraguayos y la propia prensa consideran que se trata de un nuevo paso relacionado con el demandado suministro de energía por Río Tinto, punto que causó ya la mayor protesta sobre el tema.
La multinacional condicionó su inversión para la instalación de la planta a la entrega de una gran cantidad de energía a precios preferenciales que, según especialistas como el ingeniero Ricardo Canese, se haría, prácticamente, por debajo del costo pagado por Paraguay.
Sebastián Martínez, otro ingeniero opuesto a la operación, se refirió a los daños que ocasionará la planta al medio ambiente y la falta de un estudio previo y a conciencia en ese sentido.
Otro de los señalamientos lo hizo el diario ABC, el cual puntualizó no solo la falta de transparencia existente en la entente sino el ocultamiento intencional del gobierno sobre los nombres de los funcionarios encargados de discutir en secreto las bases del acuerdo con Río Tinto.
Tambien es motivo de críticas el empeño oficial por concluir una operación de tal magnitud sin tener en cuenta que ya es inminente la celebración de elecciones generales en el país y la salida del poder del gobierno surgido de la destitución del presidente constitucional.
Cayo Hueso 
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