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MADRID (Reuters) – Un día después de que el Gobierno aprobara una controvertida ley de reforma de la enseñanza, los líderes de los distintos partidos de oposición amenazaron con llevar a cabo distintas medidas si no se modifica en el Parlamento una normativa que han definido como una victoria para la Iglesia católica o de «ataque» al modelo lingüístico.
La séptima reforma de la enseñanza en casi cuatro décadas de democracia en España, que según el Ejecutivo tiene el objetivo de luchar contra la tasa de abandono escolar más alta de Europa, recoge medidas como dar más peso a la asignatura de religión o imponer a la Generalitat de Cataluña el pago de colegios privados a familias que deseen que sus hijos reciban enseñanza en castellano.
Desde el PSOE, su líder, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha advertido que se plantearán revisar los acuerdos con la Santa Sede, que otorgan a la Iglesia católica un trato privilegiado, si no se modifica el proyecto de ley anunciado por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
«Si esta ley deja la educación como está en el proyecto, es decir como en los 80, nosotros plantearemos formalmente la revisión del acuerdo con la Santa Sede», dijo Rubalcaba durante unas jornadas sobre calidad democrática en Oviedo.
«Es verdad que la Iglesia ha ganado», agregó.
La ley confirmó también la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, implantada por el anterior Gobierno socialista y que fue siempre rechazada por el Partido Popular, un paso que ha sido considerado una concesión a la Iglesia católica.
Desde Izquierda Unida, su coordinador general, Cayo Lara, también acusó al Gobierno de ceder a los intereses de la Iglesia.
«Para Wert y para este Gobierno va a tener el mismo mérito aprenderse el Ave María o tener conocimiento de álgebra o teoría de la evolución de las especies. Esto es increíble pero es cierto, parece que estamos en el tiempo del nacionalcatolicismo», afirmó.
Wert presentó la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) afirmando que hay que luchar contra un abandono escolar situado en el 25 por ciento – el doble que el resto de países de la Unión Europea – que dificulta la inserción laboral de los jóvenes españoles, más de la mitad de los cuales está en paro.
La LOMCE, como sus predecesoras, no ha conseguido sumar apoyos e incluso fue recibida con una huelga general la semana pasada que tuvo un seguimiento apreciable, aunque el Gobierno dice haber escuchado a todos los afectados y sostiene que permanece abierto a introducir cambios en el trámite parlamentario.
«OPAS HOSTILES»
Por su parte, nacionalistas vascos y catalanes, que gobiernan sus respectivas comunidades, han mostrado también su rechazo al proyecto, sobre todo el Ejecutivo catalán, después de que se haya incluido que tendrán que garantizar la enseñanza en castellano si lo piden los padres de un alumno. Para ello se ha destinado una partida presupuestaria que adelantará el pago del colegio privado a los padres y se descontará de la financiación educativa.
«No bajaremos la cabeza ante estas OPAS hostiles que nos quieren hacer desde fuera», dijo el sábado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas. «Será combatida por vías democráticas hasta las últimas consecuencias».
Mas anunció la convocatoria de una reunión entre partidos catalanes y la comunidad educativa para la próxima semana, en contra de una ley que considera un ataque contra el modelo educativo lingüístico catalán.
La educación se ha convertido en un campo de batalla para los dos grandes partidos políticos españoles, el Socialista y el Partido Popular, que han aprobado su propia ley educativa cada vez que han estado en el poder, unas reformas sucesivas que no han impedido que España se mantenga en los peores puestos entre sus socios europeos en los índices internacionales.
Entre las principales novedades de la ley está la introducción de una evaluación externa al final de cada tramo educativo – primaria, secundaria y bachillerato, con la consiguiente eliminación de la selectividad -, el adelanto en un año, a los 14 años, de la elección entre formación profesional y bachillerato y la mejora en la formación profesional.
Colectivos de profesores y padres denuncian la privatización de la educación y el establecimiento de un sistema de puntuación de centros que supondrá que los alumnos más desfavorecidos se queden en los centros públicos y critican que recibirán menos financiación.
La ley, que permitirá pasar de curso con dos asignaturas suspensas siempre que no sean Matemáticas, Lengua o la lengua cooficial de la comunidad autónoma que la tenga, pretende ampliar el contenido curricular común en todo el Estado en una materia en la que las comunidades autónomas tienen transferida la competencia.
El coste de aplicación de la reforma, que el Gobierno de Mariano Rajoy espera entre en vigor en el curso 2014-15, será de 407 millones de euros en tres años, aunque el ministro Wert – uno de los peores valorados del Ejecutivo – dijo que se financiaría parcialmente con el Fondo Social Europeo.
El gasto en educación ha sufrido un descenso de unos 3.000 millones de euros en los dos últimos años mientras España trata de reducir su elevado déficit público, y los recortes han llegado a áreas como la enseñanza y la sanidad públicas muy apreciadas por los ciudadanos.
Cayo Hueso 
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