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El tema de los linchamientos vuelve hoy a escena en Bolivia, luego de una semana en la cual siete personas fueron ajusticiadas en los departamentos de Cochabamba y Potosí, según el Gobierno por falencias del sistema de justicia.
Desde 2008 hasta la fecha 23 personas fueron ejecutadas en todo el país, pero en los últimos días la cifra creció considerablemente (nueve en lo que va de mes), un fenómeno al cual todos le encuentran una explicación diferente.
Los linchamientos ocurren, fundamentalmente, en las zonas rurales, aunque en algunos sitios de las principales ciudades se pueden advertir mensajes a los ladrones y a los asesinos sobre su posible destino, en caso de ser sorprendidos.
En El Alto, las advertencias son claras: «Ladrón pillado será quemado», mientras muñecones de tela colgados de los postes eléctricos o de los árboles enseñan el camino que seguirán aquellos sorprendidos en hurtos o violaciones.
El último de los casos ocurrió en Colquechaca, Potosí, cuando una multitud enardecida linchó a un joven de 17 años acusado de violar a una mujer.
La turba llegó hasta el juzgado donde se realizaba la vista, e hizo huir al juez y a los cuatro policías que custodiaban la misma, para sacar por la fuerza al supuesto criminal, a quien ultimó a golpes.
El diario Cambio recuerda que horas antes, en el Departamento de Potosí, dos individuos acusados de asaltar y asesinar a un taxista fueron quemados.
En Ivirgarzama, el domingo 2 de junio seis hombres fueron llevados hasta una pira, en la cual murió uno de ellos. Todos fueron acusados de robo, una actitud que los bolivianos no admiten desde tiempos inmemoriales.
Para el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez, la causa principal de la propagación de estos hechos es la falta de credibilidad de los encargados de impartir justicia, e insistió en que el Gobierno no perderá el control sobre estos asuntos.
Mientras, Juan José Cejas Ugarte, presidente de la Comisión de Justicia Plural, del Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, lamentó las fallas de los operadores de la justicia.
«Se ha promulgado la Ley Contra la Violencia a la Mujer, la Ley Contra el Racismo, pero hasta ahora no se ha visto ningún imputado que haya sido procesado y sancionado hasta el final con estas nuevas disposiciones», recordó.
De cualquier manera, el aumento de la cantidad de linchados destapó las alarmas en las esferas gubernamentales, porque a los siete de la semana anterior se suman otros dos en lo que va de mes, un por ciento muy elevado si se compara con los 23 que murieron por esa vía desde 2008, cuatro de ellos policías.
En el tema se inmiscuyó hasta la Iglesia católica, entre ellos el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, quien pidió en su habitual homilía dominical el cese de tal proceder.
«No es linchando a un adolescente que se hace justicia. No quiero, ni puedo creer que ese menor de edad y otros que están involucrados en actos delictivos sean unos descarriados incorregibles que hay que eliminar», consideró el prelado.
Cayo Hueso 
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